El ‘Activa Club’ terminó en manos de Sa Nostra por un embargo y, de ahí, pasó a alquilarse para charters.

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En pleno boom del ladrillo, el empresario Francisco Lavao compró en Italia un yate de 35 metros de eslora, el Activa Club. Fue antes de la quiebra que provocó la muerte del fundador de los supermercados SYP. Quince años después, la operación de compra de la embarcación de lujo llega a juicio con el hijo de este empresario como único acusado. Según la Fiscalía, el yate llegó a España de contrabando sin pagar los impuestos necesarios, y ahora reclama casi 20 millones de euros entre multas e indemnizaciones y cinco años y dos meses de cárcel. El Govern y Hacienda reclaman cada uno más de un millón en impuestos dejados de cobrar.

El juicio arrancó hace unos días en Palma, pero ahora, el juzgado ha decidido inhibirse y enviar la causa a Melilla a petición de la Fiscalía en un ping pong por la competencia de la causa que tendrá que resolver el Tribunal Supremo.

Tras la venta de SYP a Erosky en 1997 por 90 millones de euros, Lavao creó el Grupo Avalo y se dedicó sobre todo a la construcción. La burbuja impulsó sus inversiones y le llevó a crear una empresa en Melilla, de la que uno de sus hijos, el ahora acusado, fue nombrado administrador solidario. Según las acusaciones, emplearon esa mercantil como herramienta para tener el yate en Palma, pero con sede en la ciudad autónoma, con las ventajas fiscales que eso implicaba.

La empresa no tenía empleados ni actividad alguna, según el ministerio público. En 2006 compró el yate por 9.045.400 euros en Italia. Se matriculó en Melilla de manera que se sacó el yate del territorio aduanero de la UE y se burló el pago del IVA que, por esa operación hubiera subido a a 1,4 millones de euros.

Impuestos

A la vez se esquivó abonar el impuesto sobre medios de Transporte que cobra el Govern que, en ese caso era algo más del millón de euros y tampoco se presentó la embarcación para su despacho en aduanas.

En realidad, el yate tuvo como puerto base el de Palma, donde residían Lavao y su hijo y su uso era sólo como embarcación de recreo. De hecho, la calificación de la Fiscalía destaca que ni siquiera cabía en el puerto de Melilla, empleada como tapadera para eludir el pago de los impuestos.

Los negocios de Francisco Lavao se vinieron abajo durante la crisis económica y, en el año 2010, se encontró el cuerpo del empresario en un acantilado cerca de Cap Blanc. La investigación por delito fiscal y contrabando por el barco arrancó ese mismo año y la instrucción se llevó adelante en un juzgado de Instrucción de Melilla. Ahora, la causa queda pendiente de que se aclare dónde se debe juzgar el caso.

Choque entre juzgados para ver quién asume el caso

El día del juicio, la Fiscalía de Baleares planteó la falta de competencia del juzgado de Palma para el caso como una cuestión previa. La magistrada ha aceptado enviar la causa de vuelta a Melilla porque ahí estaba inscrita la empresa que compró el yate. Antes, el juzgado Penal de Melilla había enviado a Palma la causa. El Govern y la defensa querían que se juzgara aquí.