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Los ciudadanos de Baleares en su conjunto han realizado un gran esfuerzo para que las Islas sean un destino seguro de la COVID-19. El Govern impuso severas y prolongadas restricciones que afectaron de manera incómoda a toda la población. Las medidas fueron especialmente dolorosas para infinidad de negocios, muchos de ellos relacionados con la restauración. Aún así, todo el mundo entendió que los sacrificios eran necesarios para evitar contagios.

Fue así como se consiguieron datos positivos para que esta temporada turística fuera lo más ‘normal’ posible. Sin embargo, ha sido la falta de control en el ocio nocturno de estos últimos días y la inconsciencia de jóvenes llegados de la Península para disfrutar de su fin de curso lo que ha situado a Mallorca en el ojo del huracán mediático por un megabrote de la COVID.

Inconsciencia de hijos y padres.

Si todo esto resulta penoso, aún lo es más constatar que hay padres que se escandalizan no por el comportamiento de sus hijos, sino por la actuación de la Administración cuando impone medidas preventivas para evitar contagios. Este es el caso de una abogada gaditana, que ha tenido la ocurrencia de denunciar a la directora balear de Salut Pública por la «detención ilegal» de su hijo, en cuarentena en Palma por un contacto estrecho con personas infectadas. Para dar una idea de lo que estamos hablando, este tipo penal tiene un castigo que va de los cuatro a los seis años de prisión.

Inmadurez política.

El partido Vox en Baleares alienta esta estrategia de judicializar la política del Govern. Pero estas denuncias suponen un flaco favor a la sanidad pública, porque ninguna autoridad médica tiene la más mínima intención de «detener» a viajeros adolescentes; y para la economía de las Islas, porque no se desgasta al Govern, sino a la imagen de Baleares. Estas jugadas políticas cortoplacistas de hacer ruido y esparcir humo son torpezas que denotan la inmadurez de Vox.