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La desacertadísima iniciativa de que adolescentes peninsulares pudieran viajar a Mallorca para celebrar su final de curso escolar ha tensado hasta extremos insólitos la situación sanitaria, jurídica, social y mediática en la Isla.

Cuando se vislumbraba que esta temporada estival podría acercarse a la normalidad, este megabrote estudiantil ha cambiado por completo el escenario. Todo lo que parecía controlado presenta ahora indicios de confusión y provoca enorme preocupación.

Tensión en los tribunales.

Los datos sanitarios empeoran entre la población joven, por lo que el Govern ha decidido arrancar de inmediato la vacunación en este colectivo. La tensión recorre también las sedes judiciales, donde los padres de los adolescentes, y éstos mismos, exigen dejar de inmediato la cuarentena para poder moverse en libertad. Por supuesto que no existe «detención ilegal» de estas personas, como algunas de ellas pretendían, pero la Fiscalía interpreta que no se las puede retener. Ahora habrá que ver qué decide la jueza de lo Contencioso en relación a la libertad individual y a la prevención de los contagios.

Más complicaciones para el Govern.

Con este pandemónium por delante, el Govern ha tomado la acertada decisión de detener los plazos previstos para la desescalada a la espera de nuevos datos, y exige pruebas PCR a los grupos de viajeros que superen la veintena. Mientras tanto, anuncia una severísima sanción para los organizadores del caótico concierto del 15 de junio en la plaza de toros.

Da la impresión de que el gabinete de Armengol intenta evitar que la situación se le vaya de las manos cuando Alemania, Suiza y Austria congelan sus reservas turísticas hacia Mallorca y la prensa internacional sitúa a la Isla en la picota de la COVID. Son las consecuencias de un desastre en absoluto anunciado, empeorado por las pretensiones de padres y adolescentes en cuarentena a quienes, por lo demás, los ciudadanos de Balears pagan su pensión y manutención en un hotel de lujo.