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Decenas de miles de trabajadores públicos, entre veinte y treinta mil según las fuentes, se verán afectados en Balears por el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para poner fin a la interinidad en la función pública. La medida, que obliga a la convocatoria pública de las plazas, alcanza a todos los niveles de la Administración y pretende poner fin a un modelo de contratación laboral inadecuado que impedía la estabilización de las plantillas en las instituciones y servicios públicos. En diciembre de 2024 deberán haber culminado todos los procesos de selección.

Un problema enorme.
El bloqueo sistemático en la convocatoria de oposiciones y la ampliación de empresas y servicios públicos ha sido el caldo de cultivo de la interinidad en la Administración, una situación que se ha prolongado durante décadas. Ahora, los afectados deberán superar unas pruebas abiertas, aunque el acuerdo permite que con hasta un 40 % de ventaja en la baremación de méritos. Las cifras de interinos no han dejado de crecer en los departamentos y áreas de responsabilidad del Govern, consells y ayuntamientos en todas las Islas hasta alcanzar una dimensión desproporcionada. El pacto que se ha logrado no satisface a todos los implicados, entre otras razones por obligar a realizar unas pruebas a empleados cuyo principal valor es el de la experiencia en su puesto de trabajo.

Indemnización mínima.
Los interinos que no superen las convocatorias tendrán derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, una compensación inédita en unas circunstancias normales. Hay que insistir en que ha sido la propia Administración –siguiendo las indicaciones del Gobierno en cada momento– la que, con su desidia, ha fomentado esta situación a la que trata de poner fin. Lo que sigue siendo una incógnita es si hay un auténtico propósito de enmienda para un país con una de las tasas de trabajadores públicos más altas de la UE.