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Más no podemos hacer». Es la frase de Francina Armengol que mejor resume el estado de ánimo de un Govern desbordado, incumpliendo la ley, que tampoco tiene el respaldo de administraciones afines como el Ayuntamiento de Palma o la Delegación del Gobierno. El asunto de los menores alojados en un hotel de Palma ha sido un esperpento de principio a fin y la imagen de Baleares ante el exterior se ha deteriorado en cuestión de días después de haber conseguido entrar en la lista verde de los británicos.

De poco ha servido todo el esfuerzo de los residentes durante meses si al final nadie controla los botellones o se autorizan conciertos en la plaza de toros con jóvenes sin mascarillas y sin guardar las distancias de seguridad. Sorprende que la Delegación del Gobierno, que ha arruinado a algunos empresarios de restauración con multas por manifestarse contra el Govern, no controlase todas aquellas zonas calientes donde se alojaban los estudiantes en viaje de estudios. No había que ser muy listo para saber que todo acabaría en botellones, como viene ocurriendo desde hace décadas. Y aún esperamos que algún responsable político del Ayuntamiento de Palma explique cómo pudieron autorizar el concierto de reguetón en la plaza de toros. Con este nuevo episodio, el actual equipo municipal ya no se quita el galardón de haber sido el peor gobierno de la historia de Palma, a mucha distancia del segundo.

Pero si la falta de previsión ha sido evidente, lo peor ha sido la gestión de los menores implicados en los contagios. «Por la salud» no se justifica obligar a unos menores, sin autorización de los padres, permanecer encerrados en un hotel sin haber dado positivo en una PCR. Eso lo iban diciendo muchos abogados en los medios nacionales que analizaban los episodios de Mallorca, pero ya se sabe que este Govern se siente mucho más cómodo forzando la ley e imponiendo restricciones. Las declaraciones del vicepresidente Yllanes contra la jueza que ordenó que los jóvenes no infectados y conviene destacar lo de no infectados, le debería inhabilitar para volver a ocupar su plaza de juez.

Capítulo aparte merece el papel de la Abogacía de la Comunitat Autònoma, que supongo que ha sido la que ha aconsejado que «por la salud» había que confinar a menores no infectados en un hotel de Palma, sin permiso de los padres, de la misma manera que defendió el toque de queda a las 23 horas sin estar vigente el estado de alarma y que el Tribunal Supremo consideró ilegal. No parece que la presidenta del Govern tenga mucho apoyo de la errática Abogacía de la Comunitat Autònoma en estos momentos tan delicados.

Ante este panorama, no he leído ningún tuit o manifestación de los miembros del Govern balear o de dirigentes socialistas tan obsesionados con Isabel Díaz Ayuso pero conviene que sepan que Baleares tiene más infectados por 100.000 habitantes que la Comunidad de Madrid. De hecho, los macrobotellones de Mallorca han exportado unos 1.800 casos de COVID-19 a otras comunidades, y también a varios países. Si Baleares sale de la lista verde del Reino Unido, ya no podrán darle la culpa a Ayuso, qué lástima.

Pero no esperen que nadie dimita por este lamentable episodio. Ni la directora de Salud que decidió la cuarentena a estudiantes no infectados, ni del que autorizó el concierto de reguetón, ni tampoco de la directora de la Abogacía de la Comunitat Autònoma. Increíblemente, aquí al único que han destituido ha sido al director de la Oficina del Menor por no querer vacunarse.