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En la misma mañana que la consellera de Presidencia de Baleares, Mercedes Garrido, desplegaba un abanico con los colores de la bandera republicana en la conmemoración del aniversario de la fundación de la Guardia Civil, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refería en el Congreso a las fuerzas de seguridad enviadas a Catalunya en defensa de la Constitución el 1 de octubre de 2017 como «piolines», el improperio de los independentistas catalanes a la Policía Nacional y al benemérito cuerpo.

Mientras la consellera, despreciando su representación institucional, quiso hacer la gracieta, o una infantil provocación no exenta de la arrogancia que se deriva de su respuesta al ser preguntada al respecto: «Faltaría más que no pudiera llevar el abanico», Pedro Sánchez añade otro baldón al proceso de poner a prueba la conciencia de tantos militantes y simpatizantes socialistas cuyo final de mes no depende de su magnanimidad. No es un detalle menor. En el PSOE, los controles internos, el juego de equilibrios propio de los partidos democráticos, han sido sustituidos por el cesarismo sanchista de forma que quién no se atiene a los criterios emanados del líder termina borrado de la fotografía.

En su momento, Francina Armengol se vanagloriaba de haber mostrado a su partido el camino de acceso al poder mediante la alianza con la extrema izquierda y el nacionalismo independentista que Pedro Sánchez ha apurado hasta el extremo de sostenerse en La Moncloa con los votos de los grupos que se declaran contrarios a la Constitución; a pesar de haber jurado con reiterada insistencia que jamás se relacionaría con Bildu y haberse comprometido a endurecer las penas por la convocatoria de referendos ilegales, obligar al cumplimiento íntegro de las penas impuestas a los independentistas y, por supuesto, rechazar de plano cualquier posibilidad de indulto para los condenados, además de traer detenido a Puigdemont. Quizá el caso más sangrante para la ética de los socialistas que no viven del partido sea el de Bildu, algunos de cuyos miembros todavía deben guardar en su casa la pistola y el pasamontañas. Se acepta que el Estado derrotó a ETA, pero Bildu mantiene su ideario en las instituciones y su objetivo declarado es la libertad para todos los terroristas presos, al que no parece hacer ascos el presidente del gobierno ahora que puede fallarle el amparo del independentismo catalán, ERC, y necesitará los votos de Bildu y PNV para sacar adelante cualquier iniciativa.

Diego Salvá Lizaún, 28 años, y Carlos Saénz de Tejada García, 29, fueron las últimas víctimas de la banda terrorista. Eran guardias civiles. Ocurrió el 30 de julio de 2009. Una bomba lapa los destrozó en su coche de servicio frente al cuartel de Calvià. Figuran en la lista de los 300 asesinatos de ETA sin resolver. Tampoco Baleares ha sido ajena al dolor y la rabia provocados por quienes hoy reciben con alborozo a los asesinos que salen de la cárcel y prestan su apoyo al presidente Sánchez que lo acepta sin escrúpulos. ¿Será verdad que este es un país anestesiado por la propaganda sanchista? ¿Podrá mirar a los ojos Francina Armengol a los guardias civiles que anualmente participan en el homenaje a los dos muchachos asesinados? ¿Se siente violentada la conciencia de los socialistas?